jueves, 26 de febrero de 2009

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Quiénes Somos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una organización pluralista e independiente que surge por primera vez en Capital Federal, en el año 1975. Allí, frente al terrorismo implementado por la Triple A, un importante grupo de dirigentes políticos, religiosos, gremiales y sociales se reunieron para formar una estructura social de defensa que permitiera poner algún freno a las tropelías de las fuerzas parapoliciales y paramilitares de entonces, que amenazaban, secuestraban y asesinaban con total impunidad a militantes populares. En una Asamblea reunida en la Casa de Nazareth en aquel año de 1975, aquellos hombres y mujeres fundaron la A.P.D.H. para defender los derechos emanados de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En aquel tiempo estaba en pleno avance el proyecto internacional de instalar en Argentina una dictadura como la que ya desde hacía algún tiempo gobernaba Chile, claro que en versión corregida y aumentada, para aplicar formalmente el terrorismo de estado.

Así comienza una tarea que reconoce dos vertientes principales: el reclamo ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales y el asesoramiento y acompañamiento de los familiares y víctimas de la represión.

El nacimiento de la Asamblea Permanente en La Plata es posterior al golpe militar de 1976. Grupos de familiares de desaparecidos, en su mayoría, comenzaron a reunirse convocados en principio por la necesidad de saber y de compartir la poca información de que se pudiera disponer. Y en 1979 resolvieron constituirse como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata.

Durante la última dictadura cívico-militar y los años inmediatamente siguientes los esfuerzos del organismo se concentraron en obtener Verdad y Justicia para las víctimas de la represión y para todo el pueblo argentino, que de alguna manera podría también categorizarse como víctima. Así fue que se desarrolló una intensa tarea recogiendo las denuncias de secuestros, desapariciones, homicidios, torturas y otras violaciones que fueron radicadas en la CONADEP, una vez creada.

Las denuncias públicas llevaron al conocimiento del país la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, que por su origen, cantidad y características pudieron ser encuadrados sin discusión como genocidio. (esto de sin discusión no incluye, obviamente, a quienes negaron y aún hoy niegan que la masacre haya existido, como lo hacen los pro nazis con el holocausto).

Así fue que la desintegración del régimen militar se tradujo para el pueblo en una esperanza de Justicia. Todos esperábamos el castigo para los genocidas.

Después del juicio a las juntas militares comienza a esbozarse lo que sería la política de impunidad abierta por el alfonsinismo y culminada por el menemismo: las instrucciones del Poder Ejecutivo a los fiscales abren embozadamente el camino a las posteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida, claudicaciones que -contra lo que se sostenía por entonces desde esferas oficiales- no hicieron más que debilitar el incipiente régimen constitucional.

Pero el pueblo siguió reclamando Verdad y Justicia, y la APDH La Plata mantuvo y mantiene esa postura que se materializó, entre otras cosas, en reclamo de nulidad efectiva del Punto Final y la Obediencia Debida. Sancionada esa nulidad por el Congreso en agosto de 2003, la tarea de los organismos de Derechos Humanos es seguir reclamando Justicia y propiciar la reapertura de causas penales que logren el encarcelamiento de todos y cada uno de los genocidas, desde el que dio la orden hasta el que la ejecutó.

Paralelamente a estos reclamos, surgió en estos años de lucha la necesidad de un encuadre político más amplio. Desde el ‘76 y continuado por los gobiernos constitucionales, junto a los crímenes y la política de impunidad, se perfiló un camino de política económica apegado a los lineamientos de los organismos financieros internacionales: surgió entonces la necesidad de denunciar no sólo los crímenes de la dictadura, sino su mismo origen, es decir, la necesidad de eliminar las bases de organización popular capaces de oponerse con mayor o menor efectividad a la profunda reestructuración productiva que Martínez de Hoz conduciría bajo la estricta supervisión del F.M.I. y del Banco Mundial.

La dependencia es -en nuestra concepción- el origen último de la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después de la dictadura militar. Las persecuciones, desapariciones y asesinatos de militantes populares en la etapa previa al ‘76 abonaron el camino para el definitivo acceso al poder de las oligarquías financieras internacionales; el exterminio masivo del ‘76 al ‘83 posibilitó, como ya dijimos, la aplicación a fondo de sus planes. Y las leyes y decretos de impunidad, junto con la permisividad para el uso de la violencia policial, cerraron el círculo que basamenta el camino de profundización de la dependencia.

En la actualidad los ejes de nuestro accionar son, por una parte, continuar denunciando esta situación global; seguir movilizando por el reclamo de Verdad y Justicia, a través del pedido de nulidad efectiva de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos presidenciales y combatir la violencia policial que en nuestra región es el instrumento de represión por excelencia de los reclamos populares.

En este momento nuestras energías se concentran principalmente en el Juicio por la Verdad que llevamos adelante ante la Cámara Federal de La Plata para establecer el destino de los desaparecidos, y en las más de 30 causas penales derivadas de esa investigación que necesitan de un constante seguimiento e impulso para lograr la Justicia que se le debe a la sociedad hace más de 25 años.

Pero también nos interesa el cumplimiento de los Derechos Económico-Sociales que hacen al bienestar de nuestro pueblo, y es por eso en la APDH La Plata funcionan comisiones de Salud y de Educación, que abarcan las problemáticas que atañen a esas áreas en nuestra región.

La APDH La Plata es un organismo de defensa de los Derechos Humanos; defensa que implica no sólo responder a la iniciativa del enemigo, sino apostar a la propia. Para esto contamos con una infraestructura mínima, con militantes en su totalidad voluntarios y el aporte mensual de un grupo de socios que abonando una cuota mínima solventan los gastos de funcionamiento.

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